“Ahora no basta que cualquier delito
o fechoría sea cometido por una banda o grupo organizado, sin
interesar si es un hecho leve, una lesión muy grave o gravísima,
para que pase a Lima”, remarcó.
El titular del Poder Judicial estimó
que si se mantiene esta situación, se producirá un embotellamiento
de procesos con una carga procesal imposible de soportar con los
órganos jurisdiccionales de la Sala Penal Nacional, que ven asuntos
complejos, muy graves o que tienen una repercusión nacional.
Por su parte, José Luis Medina Frisancho, asesor de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia, resaltó que dicha legislación da una definición exacta de los delitos, lo que elimina interpretaciones o vacíos legales.
La Ley Contra el Crimen Organizado establece reglas y procedimientos eficaces para la detección, investigación y sanción de los integrantes o cualquier persona vinculada a organizaciones criminales.
Lo más grave es que, según Mendoza,
el Poder Judicial no cuenta con presupuesto e infraestructura
necesaria para afrontar esta carga procesal, por lo que adelantó que
pedirá al Ejecutivo un presupuesto adicional y el reajuste de
algunas normas.
De similar opinión fue el abogado
penalista Julio Rodríguez, quien consideró que era innecesaria una
Ley contra el Crimen Organizado,pues advirtió que hay incoherencias
y disposiciones que resultan contraproducentes con la administración
de justicia.
“Se van a necesitar una enorme
cantidad de jueces y fiscales para resolver dentro de los plazos que
dice el Código Penal. Hoy día los jueces no se dan abasto”, dijo
a RPP.
Sin embargo, el presidente de la
Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, destacó esta
norma y estimó que se convertirá en un instrumento eficaz para
enfrentar al grave problema de inseguridad ciudadana en el país.
Eguren dijo a la agencia Andina que la
ley dispone la aplicación de penas más drásticas para los
delincuentes, así como para aquellos que reinciden de forma
constante.
Por su parte, José Luis Medina Frisancho, asesor de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia, resaltó que dicha legislación da una definición exacta de los delitos, lo que elimina interpretaciones o vacíos legales.
La Ley Contra el Crimen Organizado establece reglas y procedimientos eficaces para la detección, investigación y sanción de los integrantes o cualquier persona vinculada a organizaciones criminales.
DE ACUERDO. Lo que sí destacó Mendoza
fue la promulgación de la Ley N.° 30076, que modifica el sistema de
sanciones penales, vinculados con la determinación judicial de la
pena, la aplicación de las medidas alternativas a la pena privativa
de libertad de corta o mediana duración, la pena de inhabilitación
y, en materia procesal, modificaciones a la confesión sincera y a la
prisión preventiva.
Refirió que los jueces de todo el país
hicieron aportes, “lo que ha permitido sacar una ley que viene de
la realidad, y no del escritorio hacia afuera”.
LA LEY. La Ley Contra el Crimen
Organizado considera como organización criminal a cualquier grupo
de tres o más personas y establece nuevas reglas de investigación,
facultad de interceptación a las telecomunicaciones y la nueva
figura del agente encubierto, incorpora el agravante de pertenencia a
una organización criminal en delitos como secuestro, robo agravado,
entre otros, y dispone la creación en el INPE de una base de datos
de sentenciados por la comisión de delitos ejecutados dentro de una
organización criminal.
Texto: Elena Miranda - Correo
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