El tema que se trató, y que no fue divulgado con amplitud por el electo segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade tras la reunión de ambos líderes políticos, fue sobre un posible indulto al exmandatario Alberto Fujimori quien padece de cáncer, pero que según los médicos que lo atienden no está en etapa terminal, sin embargo su situación médica es de alto riesgo.
En las últimos días se tejió una hipótesis, para muchos cierta por la coyuntura política que se vivía tras la elección de Humala Tasso, que el mandatario peruano Alan García, líder del partido Aprista, estaba preparando esta gracia presidencial para Fujimori, y a cambio él recibiría el apoyo de la bancada fujimorista en el Congreso de la República en donde su partido solo ha conseguido cuatro de los 130 escaños de la representación nacional para que lo “blinde” ante cualquier investigación a su gestión por el gobierno entrante.
Este planteamiento comenzó a tomar fuerza cuando se aprobó en el Parlamento, con apoyo de los fujimoristas, una ley que modificaba el Código Penal respecto a los delitos de corrupción cometidos en la administración pública, hechos en los que se encuentran involucrados varios representantes del Apra y que con esta norma podrían beneficiarse con la impunidad. No resulta casualidad que una norma tan cuestionada en su forma y en su fondo sea emitida a pocos días de culminar la actual gestión gubernamental.
Lo cierto es que tanto nacional como internacionalmente, y en esto coinciden varios juristas, abogados y entendidos en la materia, no es posible un indulto al expresidente Alberto Fujimori porque al ser un condenado por delitos contra los derechos humanos, no tiene ningún beneficio carcelario y no puede acceder a este tipo de gracia presidencial. Los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así lo estipulan, y al ser el Perú adscrito a esta institución, debe ser respetado y obligatoriamente cumplido.
Organismos defensores de los derechos humanos, no solo en Perú sino también en el exterior como Wola y CEJL han expresado su más enérgico rechazo ante esta posibilidad y han exigido al gobierno peruano a cumplir con lo establecido en las jurisprudencias internacionales.
Será el próximo gobierno de Ollanta Humala, quien deberá tomar una decisión definitiva en el caso, teniendo en cuenta que la salud del ex mandatario se agrava con el tiempo y se complica por su avanzada edad, y aunque los voceros y el propio mandatario electo han señalado que ese tema no está en la agenda del gobierno, es sin duda una arista con la que tendrá que lidiar en los próximos años.
Desde nuestra modesta opinión, si bien no corresponde un indulto a Fujimori Fujimori debido a los delitos por los que fue condenado, tampoco se debe dejar morir a una persona en prisión y es por ello que nos adherimos a la propuesta del exprocurador Ronald Gamarra de un posible arresto domiciliario, lugar en donde podrá continuar con sus tratamientos, sin que esto implique un manto de impunidad en desmedro a la lucha que han realizado los familiares de las víctimas de su inefable gestión. Hasta una próxima oportunidad.
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