La decisión adoptada por el Primer Juzgado Constitucional
mantiene en vigencia la medida cautelar presentada por la Defensoría del
Pueblo, que paralizó el sorteo, un día antes que se ejecutara, bajo el
argumento de que sería discriminatorio.
Según el procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo
Adrianzén, la medida cautelar que presentó la Defensoría para dejar sin efecto
el sorteo, se basaba en hechos distorsionados, porque dicha medida fue
establecida en la ley respectiva hace muchos años y no es reciente.
Cabe mencionar que con este sorteo se esperaba convocar a
12,500 jóvenes que iban a cumplir su servicio militar en sus propias
jurisdicciones y recibir una serie de beneficios, según el reglamento de la Ley
del Servicio Militar.
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