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En una columna de opinión publicada en
la página web Tempus Noticias, Azabache consideró que es errado
pensar que el origen clandestino de los audios impedirá que estos
sean usados internamente por la Corte en las investigaciones o en el
proceso que aún está pendiente.
“Las prohibiciones que la
Constitución contiene impiden sin duda que una persona sea condenada
en base a evidencia obtenida ilegalmente, pero no impide entre
nosotros el desarrollo de investigaciones oficiales, ni impiden la
adopción de medidas provisionales”, aclaró.
En ese sentido, consideró que para el
proceso ante la Corte-IDH, la difusión del audio (en el que se
escucha la participación del premier Juan Jiménez, el ministro de
Defensa, Pedro Cateriano; el presidente del Poder Judicial, César
San Martín; y la jueza Carmen Rojjasi) resulta “una evidencia
concluyente que exhibe la poca confiabilidad que nuestros procesos
internos pueden llegar a mostrar”.
Por ello, Azabache plantea dos posibles
soluciones.
La primera sería un allanamiento
parcial del Estado peruano -en el caso del terrorista Eduardo Cruz
Sánchez, “Tito”-, pues considera que “en condiciones
semejantes cualquier abogado de litigios propondría a su cliente
negociar con su contraparte para evitar el mayor rigor que produce
ser derrotado en un juicio”.
La segunda posibilidad es plantear “un
corte del procedimiento por razones formales” pues, según explicó,
la Comisión tenía como plazo máximo para presentar su demanda el
13 de setiembre, pero recién lo hizo en diciembre.
Texto: Mauricio Ottiniano - Correo
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